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Subsecretaría de Gobierno

Oficina descentralizada de política criminal

Es una oficina creada y coordinada en su gestión desde el Área de Política Criminal de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires con la colaboración de los municipios u otras entidades públicas.

El proceso de expansión del Plan Marco de Política Criminal y la firma de convenios con los municipios fue un impulso hacia la conveniencia de proveer oficinas en cada uno de esos lugares. Desde ellas es posible la realización de los distintos programas y proyectos que componen la estrategia de prevención del delito y el tratamiento del conflicto, como así mismo la capacitación de los operadores para que estos puedan hallarse al frente de estas unidades, vinculados naturalmente con el resto de las organizaciones sociales haciendo realidad el proceso de gestión autónoma con la coordinación, articulación y superintendencia del Área de Política Criminal. Todo esto es posible con la colaboración de los municipios que son los que brindan espacios físicos y presencia activa de profesionales y administrativos.

La puesta en marcha de estas oficinas ha generado muchas expectativas y notable afluencia de público ávido de efectuar consultas respecto de diferentes cuestiones, lo que en definitiva confirmó las dificultades para el acceso a la justicia que poseen las distintas comunidades.

Las presentaciones de los ciudadanos en muchos casos son de carácter extraprocesal, consultas y solicitudes que son rápidamente evacuadas por un equipo interdisciplinario que cada oficina ha ido conformando, brindando información, orientación y seguimiento profesional y un trabajo de equipo.

Se establece un canal constante de comunicación con las autoridades policiales para facilitar cualquier cuestión propia de la misma, se trabaja en red con las organizaciones oficiales y privadas desplegando una tarea colaborativa en la que prima la confianza mutua. Se trata de poner en marcha un verdadero control de servicios al ciudadano, un enfoque simultáneo entre protección de los derechos humanos, políticos y económicos de los mismos.

El progresivo involucramiento directo de fiscales y defensores irá afianzando la calidad de las respuestas de la oficina Descentralizada en el exclusivo ámbito de sus atribuciones.

Estas oficinas reportan directamente al Sr. Procurador General a través del Área de Política Criminal, constituyéndose en brazos ejecutores de las directivas y de las atribuciones legales del mismo.

También representan estas oficinas un avance importante en lograr la cooperación, bajo un mismo techo, de burocracias autónomas que tradicionalmente no trabajan juntas: la Procuración General, el Municipio y distintos organismos provinciales, entre ellos la Policía y el Pueblo en general a través de sus organizaciones.

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